Alejandro Toledo es acusado de haber recibido un soborno de $20 millones de Odebrecht. / DEM
La Corte Suprema de Perú aprobó ayer el pedido de extradición a EE.UU. del expresidente Alejandro Toledo, acusado de recibir un millonario soborno de la brasileña Odebrecht, en un escándalo que salpica a otros tres ocupantes del sillón presidencial.
La solicitud, dictada el 19 de febrero por el juez Richard Concepción Carhuancho, fue aprobada unánimemente por los cinco jueces de la Sala Penal del máximo tribunal, según el fallo publicado por el poder judicial.
Los jueces “declararon procedente la solicitud de extradición (...) a las autoridades de los Estados Unidos de América, respecto del ciudadano peruano Alejandro Toledo Manrique, procesado por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de dinero, en agravio del Estado peruano”, dice el fallo, que se había filtrado a la prensa horas antes.
Ahora la solicitud será enviada al Ministerio de Justicia para que la avale el Consejo de Ministros, antes de ser remitida a Washington, en un proceso que podría tardar semanas.
Toledo (2001-2006) es acusado de haber recibido un soborno de $20 millones de Odebrecht para ganar la licitación para construir una carretera que uniría puertos brasileños del Atlántico con puertos peruanos del Pacífico, cruzando la Amazonía.
El expresidente peruano, quien ha negado haber recibido dádivas de Odebrecht, inauguró la ruta en 2006 junto a su homólogo brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, quien también enfrenta acusaciones de corrupción en su país.
El fallo abre un nuevo capítulo en la saga de un escándalo que ha salpicado también a otros tres ocupantes del sillón presidencial peruano, incluido el actual mandatario Pedro Pablo Kuczynski, quien fue primer ministro y titular de Economía de Toledo.
El juez que pidió la extradición también mantiene en prisión preventiva al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) por el supuesto aporte de $3 millones de Odebrecht a su campaña electoral.
La empresa brasileña, que ha optado por cooperar con la justicia, reveló que pagó $29 millones en Perú entre 2005 y 2014 a lo largo de tres gobiernos.
Un caso “jurídico y político”
Uno de los abogados de Toledo, Heriberto Benítez, dijo que su cliente era “víctima de una persecución política” dirigida por Kuczynski.
“Ha habido intromisiones del gobierno, me parece que ya están decididos a favor de la extradición”, dijo Benítez a la AFP.
El abogado Benítez afirmó que en este caso confluyen “lo jurídico y lo político”, a través de intromisiones del gobierno.